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Asesoría jurídica

La Asociación ha considerado siempre especialmente importante asesorar a las familias de personas con demencia en materias tan relevantes como la jurídica que afecta a las mismas, ya que sin perjuicio de la enfermedad, siguen siendo titulares de derechos y sujetos a obligaciones.

La entrada en vigor de la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica que entró en vigor el 3 de septiembre de 2021, ha adecuado nuestro ordenamiento jurídico a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, celebrada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006.

Se han eliminado las tradicionales instituciones de protección, esto es:

• La tutela, que solo se constituirá en relación a los menores de edad que no estén protegidos por la patria potestad.
• La patria potestad prorrogada o rehabilitada, ya que, cuando la persona con discapacidad alcance la mayoría de edad, se le prestarán los apoyos que precise (como al resto de personas con discapacidad).
• La prodigalidad, que ya no tiene una regulación autónoma.

Se han creado nuevas figuras jurídicas como la curatela, el defensor judicial o el guardador de hecho y se han generado medidas de apoyo en función de las necesidades de la persona con demencia: medidas voluntarias, medidas fácticas y medidas de carácter judicial.

No olvidamos otras cuestiones concomitantes y transversales como las posibles prestaciones públicas tanto de la Seguridad Social a través de pensiones de jubilación o invalidez, las ayudas de dependencia, la obtención de grados de discapacidad administrativos y aquellas fórmulas para poder otorgar últimas voluntades que puedan por un lado proteger el patrimonio de estas personas con discapacidad y permitirles una vida mejor.